Français
Español
English
Italiano
Deutsch
David Castillo, uno de los directivos de la empresa eléctrica hondureña DESA, ha sido declarado culpable este lunes 5 de julio, como autor intelectual del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres. La audiencia para fijar su sentencia está programada para el próximo 3 de agosto, cuando se dará a conocer la pena establecida.
El fallo ha sido calificado por la familia de Berta y sus representantes legales como “un hito histórico en lo concerniente a la lucha contra la impunidad por crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos”, siendo la primera vez que se condena por autoría intelectual al gerente de una de las empresas involucradas en este tipo de crímenes.
Los jueces han basado su decisión en el material de información recabada de dispositivos móviles, que han permitido establecer el plan que se trazó para asesinar a Cáceres y acabar con la oposición que ésta representaba frente al proyecto de construcción hidroeléctrico en el río Gualcarque.
Adicionalmente, el equipo legal ha recalcado que la prueba practicada en este proceso serviría para demostrar la implicación de actores más poderosos como la familia Atala Zablah, dueña de la empresa y con importantes conexiones políticas. La fiscalía ha asegurado que se encuentra trabajando en esta investigación.
El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo lleva participando desde 2018 en la observación de los procesos por el asesinato de la lideresa lenca a través de la Misión de observación calificada. Inicialmente, el OIAD se involucró en la causa asistiendo al abogado amenazado Víctor Fernández, representante legal de COPINH que asumió la representación en juicio de la familia de la lideresa y del COPINH como víctimas del asesinato de Berta Cáceres. El Observatorio publicó una alerta sobre la situación de riesgo de este abogado.
La observación del proceso por el asesinato de Berta Cáceres se realizó a partir de una solicitud expresa de Víctor Fernández. La posición de la misión siempre ha sido denunciar las irregularidades que se han venido dando a lo largo del proceso y ha mirado con preocupación cómo en los últimos meses la injerencia externa en el proceso estaba tomando un papel protagonista.
La delegación de la Unión Europea (UE) en Honduras también ha felicitado este martes a la Justicia de Honduras por este fallo. Por su parte, COPINH, la organización del pueblo indígena Lenca, al que pertenecía Cáceres, ha celebrado este fallo, ya que “significa una victoria popular no sólo para el COPINH, el pueblo Lenca y la familia de Berta Cáceres”, ha publicado en su cuenta de Twitter.
Como Observatorio de la Abogacía en riesgo cabe elogiar la labor de Víctor Fernández y su equipo, que han logrado pese a toda la presión que conlleva este tipo de casos en la región, mantener una batalla legal constante hasta conseguir este importante paso.
Laura Zúniga, premio derechos humanos del CGAE en 2019, forma parte de COPINH organización que lideraba su madre y que ha declarado no descansar hasta ver condenados al resto de autores intelectuales del asesinato de Berta.
Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, tras pasar años recibiendo amenazas de muerte por su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, una infraestructura que, de construirse, destruiría bosques nativos y territorios indígenas.
