El Salvador: el OIAD participa en una misión de verificación de la situación de la abogacía en el país
En el mes de junio, una misión internacional de siete juristas se desplazó a El Salvador para verificar, sobre el terreno, el estado del ejercicio libre de la abogacía y las garantías del Estado de derecho en el país. La delegación estuvo integrada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia (miembro del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, OIAD), el propio OIAD, Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y la Fundación Paz y Solidaridad Euskadi.
A lo largo de la visita, la delegación mantuvo encuentros con abogados y abogadas en ejercicio, organizaciones profesionales de la abogacía, magistrados, así como con víctimas y familiares de víctimas del régimen de excepción vigente desde 2022. Se solicitaron reuniones con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República: ninguna de estas instituciones respondió a la solicitud.
Al concluir la misión, la delegación convocó una rueda de prensa en la que presentó los principales hallazgos preliminares de la visita. Tal y como se recoge en el comunicado de prensa, la información recabada durante la misión evidencia que el ejercicio independiente de la abogacía se encuentra actualmente gravemente obstaculizado en El Salvador, en particular en los casos con repercusión pública o vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos. Se recogieron numerosos testimonios que describen restricciones al ejercicio de la defensa, así como situaciones de vigilancia, acoso y campañas de difamación —especialmente en redes sociales— dirigidas contra abogados y abogadas, y contra cualquier persona que se atreva a denunciar estas vulneraciones. En algunos casos, estas presiones han derivado en la detención o el exilio forzoso de las personas afectadas.
Uno de los ejes de preocupación más claros identificados por la misión es la interferencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial. La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la limitación temporal impuesta a los nombramientos judiciales, la jubilación forzosa decretada en 2021 para jueces y magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio, y la separación o traslado de quienes mantienen posturas críticas configuran un patrón sostenido de control del Ejecutivo sobre la judicatura, que quiebra su independencia.
En cuanto al derecho a un juicio justo y a la defensa, se constataron vulneraciones particularmente graves:
- Audiencias colectivas que reúnen a varios cientos de personas procesadas simultáneamente, lo que hace imposible cualquier defensa individualizada.
- Detenciones arbitrarias y retrasos injustificados en la tramitación de los recursos de hábeas corpus.
- Falta de información a las familias y a los abogados sobre el paradero y la situación de las personas privadas de libertad.
- Uso abusivo del secreto de sumario y demoras en la notificación de las órdenes de libertad.
- Condenas basadas únicamente en el testimonio incriminatorio de testigos con estatuto de colaborador de la justicia, en clara vulneración de la presunción de inocencia.
- Un derecho penal de corte expansivo e impreciso, dirigido contra determinados colectivos, que ha llegado a habilitar penas de cadena perpetua para menores de edad.
La misión advirtió que las sucesivas prórrogas del régimen de excepción, sostenidas durante más de cuatro años, han consolidado un marco de desprotección generalizada. Herramientas como la Ley de Agentes Extranjeros se están utilizando para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, abogados, abogadas, jueces y juezas críticas con el Gobierno. A ello se suma un hostigamiento —policial, institucional y también anónimo a través de redes sociales— que resulta especialmente intenso contra mujeres defensoras de derechos humanos, y que en no pocos casos ha terminado forzando su exilio.
Para terminar, los testimonios recogidos sobre la situación de las personas privadas de libertad resultan especialmente alarmantes: hacinamiento, falta de higiene, alimentación insalubre, propagación de enfermedades contagiosas y ausencia de asistencia médica y de medicamentos. Son las propias familias quienes deben costear ropa, comida y medicinas de los internos. Se denuncian además malos tratos físicos y psicológicos, trabajos no remunerados y la ausencia de un régimen de visitas y comunicación con familiares y abogados.
Estos hallazgos son preliminares y se recogen aquí a título ilustrativo. La misión está ya trabajando en la elaboración de un informe detallado que analizará en profundidad cada uno de estos aspectos , aportando un diagnóstico más completo de la situación y recomendaciones dirigidas a las autoridades y a la comunidad internacional.
