Sudáfrica: Asesinato de la abogada Chinette Gallichan en Johannesburgo
1 de abril de 2026
El OIAD expresa su profunda preocupación tras la muerte violenta de la abogada sudafricana Chinette Gallichan, de 35 años, asesinada a tiros en Johannesburgo el lunes 23 de marzo.
La Sra. Gallichan ejercía principalmente en el ámbito del derecho laboral e intervenía en litigios entre empleadores y trabajadores. En particular, estaba implicada en casos relacionados con procesos de impugnación de despidos y reclamaciones de indemnización en el sector minero[1].
La abogada se encontraba cerca de las oficinas de la Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA), donde debía intervenir en un asunto de derecho laboral. Un individuo se le habría acercado y le habría disparado a quemarropa antes de huir del lugar.
Ninguno de sus objetos personales fue sustraído; varias fuentes apuntan a la posibilidad de un ataque dirigido. Se ha abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas de este asesinato.
El asesinato de la Sra. Gallichan ha suscitado una gran conmoción entre sus compañeros y compañeras, quienes destacan su compromiso profesional en la defensa del derecho laboral en Sudáfrica.
El Observatorio expresa sus condolencias a los familiares, compañeros/as y al conjunto de la abogacía sudafricana.
El Observatorio insta a las autoridades sudafricanas a llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial con el fin de identificar a los responsables de este asesinato y esclarecer plenamente este crimen.
El Observatorio subraya que cualquier atentado contra la integridad física de un abogado/a debido a sus funciones constituye una amenaza directa para el acceso a la justicia y la independencia del sistema judicial, tal como se consagran en la Constitución sudafricana.
El Observatorio añade que, de conformidad con los Principios de La Habana, los abogados deben poder ejercer su labor sin temor a represalias, incluso en contextos de litigios particularmente sensibles.
El Observatorio recuerda que, conforme a dichos principios relativos a la función de la abogacía, los Estados tienen la obligación de garantizar la protección de la abogacía en el ejercicio de sus funciones.
[1] El sector minero en Sudáfrica está regularmente marcado por conflictos sociales y litigios sensibles, como lo demostró el ejemplo de la masacre de Marikana en 2012.
