El Salvador: Preocupación por patrones de vigilancia, seguimiento e intimidación contra el abogado Guillermo García
27 de julio de 2026
Guillermo García es un abogado salvadoreño que trabajó durante más de 23 años en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y fue despedido de forma ilegal y arbitraria en 2024 junto a otros compañeros. Desde entonces ejerce la defensa de personas consideradas presas políticas, destacando la representación de integrantes de la Alianza de Veteranos y del gestor cultural y sindicalista Sabino Ramos, quien recuperó su libertad en abril de 2026 tras haber permanecido cuatro años privado de libertad en el marco del régimen de excepción.
Desde febrero de 2025, el abogado ha sido objeto de diversos actos de vigilancia, seguimiento e intimidación que coinciden con el ejercicio de su labor profesional y de defensa de los derechos humanos.
El 13 de febrero de 2025, en el marco de la defensa técnica de ex empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos despedidos en 2024, cuando acudió a presentar una denuncia, detectó por primera vez que estaba siendo objeto de seguimiento por parte de organismos de inteligencia policial.
El 22 de abril de 2026, tras participar en una actividad para exigir la liberación de su representado Sabino Ramos en el centro penal de Usulutan, el abogado fue objeto de un seguimiento por parte de un vehículo tipo pick-up perteneciente a la Policía Nacional Civil. Tras recuperar su libertad, Sabino Ramos denunció públicamente las agresiones sufridas durante los cuatro años que permaneció privado de libertad en el marco del régimen de excepción. La representación de un caso de estas características incrementa la preocupación por la situación del abogado, especialmente en un contexto en el que se han documentado actos de vigilancia y criminalización contra profesionales que defienden a personas detenidas bajo dicho régimen.
El 25 de junio de 2026, agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron en el domicilio del abogado preguntando por una persona que no residía en dicha vivienda. Tras ello, permanecieron frente al inmueble tomando fotografías de la vivienda y de su vehículo. Según la información recibida, este tipo de actuaciones responde a un patrón de vigilancia e intimidación consistente en utilizar pretextos para intentar que la persona salga de su domicilio y facilitar una eventual detención. La obtención sistemática de imágenes de abogados y defensores de derechos humanos resulta especialmente preocupante por el riesgo de que sean posteriormente utilizadas para sustentar montajes judiciales o imputaciones infundadas, como se ha denunciado en otros casos recientes de criminalización de la abogacía en El Salvador, entre ellos los de Ruth López y Enrique Anaya.
El 21 de julio de 2026, mientras ejercía la defensa técnica de Sabino Ramos en un procedimiento administrativo ante la Alcaldía de San Salvador Sur para solicitar su reinstalación laboral, el abogado observó nuevamente la presencia de cuatro agentes policiales vestidos de civil que fotografiaban el desarrollo de su actuación profesional.
Estos hechos se producen en un contexto de creciente hostigamiento contra abogados y abogadas que representan a personas detenidas en el marco del régimen de excepción y defienden los derechos humanos en El Salvador. Los episodios de vigilancia denunciados por Guillermo García presentan elementos coincidentes con otros casos documentados de criminalización de profesionales de la abogacía, lo que refuerza la preocupación por la existencia de un patrón de intimidación dirigido contra quienes ejercen la defensa de personas consideradas opositoras o presas políticas.
El Observatorio expresa su profunda preocupación por los actos de vigilancia, seguimiento e intimidación denunciados contra el abogado Guillermo García como consecuencia del ejercicio de su profesión y de su labor en defensa de los derechos humanos.
El Observatorio insta a las autoridades salvadoreñas a garantizar que los abogados y abogadas puedan ejercer libremente su profesión, sin ser objeto de vigilancia, intimidación, represalias o cualquier otra forma de injerencia por razón de la defensa de sus clientes.
El Observatorio recuerda igualmente su exigencia de la inmediata puesta en libertad de las personas abogadas Ruth López y Enrique Anaya, cuya privación de libertad ha sido previamente denunciada por esta organización y constituye un grave ejemplo del proceso de criminalización que afecta a la abogacía independiente en El Salvador.
Asimismo, el Observatorio exhorta a las autoridades salvadoreñas a poner fin a toda forma de acoso, intimidación, criminalización o violencia contra los abogados y defensores de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados.
