En riesgo la abogacía en Venezuela

A propósito de la conmemoración en Venezuela del día del Abogado el pasado 23 de junio de 2020, establecida desde 1972 en honor al Dr. Cristóbal Mendoza, el OIAD manifiesta con preocupación que la Abogacía en Venezuela es una profesión de alto riesgo.

De acuerdo con Amnistía Internacional ya desde el 2018 se registraba esta situación. La cual, más allá del escenario político, y desde una perspectiva jurídico – institucional, presenta un deterioro de los “Principios Básicos de la Función de la Abogacía”, de Naciones Unidas, los cuales, son aglutinadores y garantes del ejercicio de la profesión y de la imparcialidad del poder judicial.

Principalmente, la vigencia de estos principios se ve limitada o impedida debido a la falta de garantías y actuaciones judiciales de conformidad con el debido proceso y los marcos legales e institucionales establecidos para ello, entre estos, la división de poderes que caracteriza a un Estado de Derecho de acuerdo con lo señalado por  la abogada y directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) 

De manera creciente, los profesionales en derecho vienen siendo objeto de seguimiento, estigmatización pública e incluso allanamientos policiales a sus despachos y residencias familiares, debido a que son asociados a las causas de sus clientes. En especial, en los procesos judiciales de los presos políticos o personas que en el ejercicio de la libre expresión y participación política manifestaron ser partidarios de la oposición. Lo cual, ha llevado, en los casos más graves, a que varios abogados hayan tenido que salir exiliados de Venezuela, o se hayan visto forzados a abandonar o denegar la prestación de sus servicios por miedo a sufrir estigmatización y represalias.

Como documentó la BBC, en estas mismas circunstancias tuvieron que salir del país 33 magistrados que, pese a haber sido elegidos, no pudieron posicionarse en su cargo debido al choque institucional entre la Asamblea Nacional de Venezuela que los eligió y la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia que ordenó “acciones de coerción” por presunta “usurpación de funciones”.

El Centro de Justicia y Paz de Venezuela ha documentado desde 2015 prácticas que demuestran la grave crisis en materia de derechos humanos que vive el país, debilitando el Estado de Derecho. Entre estas prácticas, de forma sistémica y reiterada, se encuentra la apertura de procesos judiciales sin el cumplimiento de los requisitos mínimos, vulnerando el derecho a la asistencia jurídica, el principio de la presunción de inocencia, el principio de juez natural, el principio de cosa juzgada y el principio de eficacia judicial. Igualmente, los medios de comunicación han sido utilizados reiteradamente para señalar, perseguir y estigmatizar la labor de abogados, periodistas, opositores políticos, entre otros.

El OIAD  se suma al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dirigido al gobierno de Venezuela para restablecer el equilibrio de la división de poderes, y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vigencia del Estado de Derecho y el cumplimiento de sus pilares fundamentales, entre estos, los Principios Básicos de Naciones Unidas de la Función de la Abogacía.