Estados Unidos: Ataques a la profesión de la abogacía y amenazas a la independencia de los bufetes de abogados
La independencia de la abogacía en Estados Unidos vuelve a estar amenazada por una serie de medidas sin precedentes de la administración Trump. Desde principios de marzo, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC – una agencia gubernamental) ha estado investigando a varios grandes bufetes de abogados por sus políticas de diversidad e inclusión. Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha suspendido las autorizaciones de seguridad[1] y amenazado los contratos federales[2] de las empresas consideradas políticamente hostiles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva por la que ordena a la EEOC que investigue si los bufetes en cuestión cumplen las leyes antidiscriminación en sus contrataciones y ascensos. La EEOC ha abierto investigaciones contra Kirkland & Ellis, Ropes & Gray, Simpson Thacher y casi otras veinte firmas influyentes. La agencia ha pedido a estos bufetes información detallada sobre todos sus empleados desde 2019, incluyendo su género, origen étnico y participación en programas de diversidad.
Estas investigaciones preocupan a muchos expertos, que las denuncian como un ataque a los esfuerzos por lograr una mayor diversidad en la abogacía. Algunos bufetes ya han tenido que modificar sus programas tras las demandas interpuestas por activistas opuestos a estas políticas.
La administración Trump también ha tomado medidas contra bufetes de abogados considerados demasiado críticos. El 7 de marzo, una orden ejecutiva suspendió las autorizaciones de seguridad de los abogados de Perkins Coie, que se ha visto implicada en anteriores investigaciones sobre Trump.
El 21 de marzo, otro bufete de abogados, Paul, Weiss, tuvo que llegar a un acuerdo con la Casa Blanca para evitar sanciones. Según los términos del acuerdo, el bufete aceptó modificar sus prácticas de contratación, renunciar a la diversidad como criterio de contratación y proporcionar 40 millones de dólares en servicios jurídicos gratuitos a causas apoyadas por Trump.
Estas acciones amenazan gravemente la independencia de los profesionales de la abogacía, que deben poder defender a sus clientes sin estar sometidos a presiones políticas. También podrían suponer un freno a la diversidad en la profesión, en un momento en que los y las abogadas pertenecientes a minorías siguen estando enormemente infrarrepresentados.
Las empresas afectadas deben responder a la EEOC antes del 15 de abril.
El Observatorio condena firmemente la presión ejercida por la administración Trump sobre los bufetes de abogados, que amenaza la independencia de la profesión y constituye una violación de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados.
El Observatorio condena las investigaciones de la EEOC a las empresas comprometidas con la diversidad y crean un clima de miedo en la profesión.
El Observatorio recuerda que la independencia de los abogados es un pilar fundamental del Estado de Derecho y que cualquier forma de represalia contra los despachos de abogados a causa de su compromiso profesional o de sus opciones de contratación constituye una grave violación de los derechos fundamentales.
El Observatorio muestra su preocupación ante la suspensión de las habilitaciones de seguridad y las amenazas a los contratos federales, que se están utilizando como herramientas de represión contra despachos percibidos como políticamente hostiles. El Observatorio subraya que esta instrumentalización del poder ejecutivo es contraria a las normas internacionales sobre la independencia de los Colegios de Abogados.
El Observatorio insta a las autoridades estadounidenses a que respeten sus compromisos internacionales y garanticen a los abogados el derecho a realizar su trabajo libre de presiones y sanciones políticas.
[1] La habilitación de seguridad es un procedimiento que permite a las personas, en particular a los bufetes de abogados, acceder a información protegida.
[2] Un contrato federal es un contrato firmado entre un bufete de abogados y el Gobierno para prestar servicios jurídicos.
