GUATEMALA: Comunicado de la Misión Internacional de Juristas por Guatemala ante la designación del nuevo Fiscal General Gabriel García Luna
Ante la designación de Gabriel García Luna como nuevo Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público de Guatemala, quien asumirá el cargo el próximo 18 de mayo de 2026, la Misión Internacional de Juristas por Guatemala hace un llamado a que el proceso de transición institucional se desarrolle de manera pacífica, transparente y plenamente respetuosa del orden constitucional y la institucionalidad democrática.
Asimismo, la Misión insta a las nuevas autoridades del Ministerio Público a adoptar medidas concretas, inmediatas y verificables orientadas a restablecer el mandato constitucional de la institución de ejercer la acción penal con objetividad, imparcialidad, independencia y estricto apego a los derechos humanos y a los estándares internacionales en materia de administración de justicia. Ello resulta indispensable para recuperar la credibilidad institucional, fortalecer el Estado de derecho y garantizar el acceso a una justicia independiente para todas las personas en Guatemala.
Hallazgos de la Misión Internacional de Juristas por Guatemala
La Misión Internacional de Juristas por Guatemala es una iniciativa conjunta del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), Lawyers for Lawyers (L4L), la Asociación de Abogados, Abogadas, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (AJUFIDH), la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). La Misión llevó a cabo un ejercicio de verificación independiente, imparcial y exhaustivo orientado a observar, documentar y evaluar la situación del sistema de justicia en Guatemala, con especial énfasis en la situación de la abogacía y la independencia judicial.
Como resultado de dicho trabajo, la Misión publicó el informe “Clima de temor: la abogacía e independencia judicial en riesgo” en el que se documentan patrones persistentes de hostigamiento, criminalización, detenciones arbitrarias y exilio forzado dirigidos contra operadores de justicia, personas abogadas y defensoras de derechos humanos. El informe concluye que estas prácticas no constituyen hechos aislados, sino dinámicas estructurales orientadas a debilitar los esfuerzos anticorrupción, obstaculizar la rendición de cuentas en relación a graves violaciones de los derechos humanos y limitar la defensa de los derechos humanos.
La investigación realizada por la Misión documenta cómo el sistema penal ha sido instrumentalizado mediante la apertura de procesos basados en denuncias espurias, la aplicación extensiva y desproporcionada de determinados tipos penales, el uso indebido de la reserva judicial y la utilización sistemática de la prisión preventiva como mecanismo de presión. A ello se suman campañas de difamación, acoso digital y estigmatización pública dirigidas a erosionar la legitimidad profesional y social de quienes ejercen funciones esenciales en la administración y defensa de la justicia.
El funcionamiento del Ministerio Público
La Misión constató un proceso sostenido de cooptación institucional que ha afectado de manera particular al Ministerio Público, comprometiendo su independencia y desnaturalizando su mandato constitucional de ejercer la acción penal con objetividad e imparcialidad. La información recabada coincide en señalar que el Ministerio Público ha actuado de manera sistemática para proteger intereses vinculados a redes de corrupción y determinados sectores de poder, mediante el uso arbitrario y selectivo del sistema penal.
Estas prácticas se han manifestado, por un lado, en la persecución penal selectiva con fines políticos o electorales —dirigida contra integrantes de Comisiones de Postulación, personas candidatas y autoridades electas—, así como en la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, operadores de justicia, personas abogadas y comunidades indígenas; y, por otro lado, en la garantía de impunidad mediante la inacción, el archivo o la falta de investigación diligente en causas relacionadas con actores de poder, así como en casos en los que las víctimas o denunciantes son operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos o comunidades indígenas, que son rápidamente desestimados sin investigaciones adecuadas.
La Misión observó que este proceso de cooptación institucional se profundizó durante la gestión iniciada en 2018 y consolidada tras la reelección de la actual Fiscal General en 2022. Ello se ha materializado mediante remociones, traslados y despidos masivos de personal fiscal, afectando gravemente las garantías de estabilidad e independencia en el cargo, así como la reconfiguración institucional a través de la destitución de jefaturas de fiscalías especializadas, incluyendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la Fiscalía de Asuntos Internos, la Fiscalía de Delitos Administrativos y otras unidades clave para la lucha contra la corrupción y la impunidad. La situación de la FECI resulta especialmente ilustrativa. Esta fiscalía —que desempeñó un papel central en investigaciones de corrupción y justicia transicional en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)— ha sido progresivamente desmantelada y reorientada hacia la persecución de quienes anteriormente lideraron dichas investigaciones.
Continuidad de la política de criminalización
El informe documenta múltiples casos de criminalización contra abogados, abogadas, ex fiscales y jueces que continúan enfrentando procesos penales carentes de fundamento y sin garantías de debido proceso y juicio justo. Entre ellos se encuentra la abogada Claudia González Orellana, cuya audiencia de inicio de debate, prevista para el 5 de mayo de 2026, fue suspendida por un año debido a la incomparecencia del Ministerio Público. Asimismo, el abogado Ramón Cadena fue detenido el 10 de noviembre de 2025 pese a haberse presentado voluntariamente ante las autoridades y posteriormente sometido a medidas sustitutivas; su audiencia de etapa intermedia, programada para el 11 de mayo de 2026, debió ser reprogramada para agosto debido a la inasistencia de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio de la Nación, mientras el proceso penal en su contra continúa abierto. El informe también destaca la situación del exfiscal Stuardo Campos, quien permanece privado de libertad desde 2023 sin una revisión efectiva de su situación jurídica, así como la de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes continúan detenidos desde hace más de un año y cuya prisión preventiva fue prorrogada en abril hasta el 23 de septiembre de 2026.
De igual manera, la Misión observa con preocupación la situación de personas abogadas y operadoras de justicia que permanecen en el exilio debido a la existencia de procesos penales abiertos y órdenes de captura vigentes en su contra. Resultan particularmente representativos los casos de Leily Santizo, Eva Siomara Sosa, Flor de María Gálvez, Paola Escobar, Virginia Laparra, Miguel Ángel Gálvez, Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana, quienes ejercieron funciones vinculadas a la administración de justicia y cuya criminalización alcanzó tal magnitud que se vieron forzadas a abandonar el país. A la fecha, la continuidad de múltiples procesos penales y el riesgo de ser privadas arbitrariamente de libertad les impiden regresar a Guatemala en condiciones que garanticen el ejercicio efectivo de su derecho de defensa, el debido proceso y el acceso a jueces independientes e imparciales.
Designación y llamamiento
La Misión toma nota de que el plan de trabajo presentado por Gabriel García Luna ante la Comisión de Postulación plantea la recuperación de la autonomía y credibilidad del Ministerio Público, así como la reorientación de la política de persecución penal hacia criterios de objetividad, priorizando casos de alto impacto relacionados con corrupción, crimen organizado y violaciones a derechos humanos. Este contexto representa una oportunidad crucial para iniciar un proceso efectivo de recuperación de la independencia y credibilidad del Ministerio Público, mediante la adopción de medidas concretas orientadas a restablecer su mandato constitucional de ejercer la acción penal con objetividad, imparcialidad y apego a los derechos humanos.
En consecuencia, hacemos un llamado a todas las instituciones del Estado para que garanticen que el proceso de transición y toma de posesión de las nuevas autoridades se desarrolle con pleno respeto a la legalidad, la independencia institucional y los principios democráticos.
A su vez, Instamos a las nuevas autoridades a impulsar una transformación institucional alineada con la Constitución de Guatemala y con los estándares internacionales sobre independencia judicial, debido proceso y acceso a la justicia, a fin de revertir las dinámicas de criminalización, cooptación institucional y uso indebido del derecho penal documentadas durante los últimos años. En particular, instamos a:
- Garantizar que el proceso de transición institucional y toma de posesión de las nuevas autoridades del Ministerio Público se realice con transparencia, publicidad y pleno respeto al orden constitucional y democrático.
- Identificar y revisar, mediante mecanismos independientes e imparciales, los casos basados en denuncias espurias o carentes de fundamento, disponiendo su pronta desestimación y garantizando plenamente el debido proceso y el derecho a un juicio justo.
- Revisar de manera urgente el uso abusivo de la prisión preventiva y promover la revisión judicial de las detenciones arbitrarias documentadas en casos de criminalización contra operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes indígenas.
- Garantizar investigaciones independientes sobre el funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos, incluyendo procesos de rendición de cuentas frente a posibles abusos, desviaciones de poder o interferencias indebidas en la función fiscal.
- Revisar la aplicación de figuras legales y mecanismos procesales utilizados de manera contraria a estándares internacionales, incluyendo el uso expansivo de determinados tipos penales y otras prácticas incompatibles con el principio de legalidad y las garantías judiciales.
- Garantizar que los y las fiscales puedan desempeñar sus funciones con plena independencia e imparcialidad, libres de presiones, injerencias, amenazas o represalias por el contenido de sus decisiones o actuaciones, asegurando condiciones adecuadas de seguridad y protección frente a cualquier forma de intimidación.
- Adoptar medidas orientadas a recuperar la capacidad técnica, independencia y especialización del Ministerio Público, incluyendo el fortalecimiento de fiscalías especializadas y la protección de personal fiscal que haya sido objeto de represalias por el ejercicio independiente de sus funciones.
- Garantizar condiciones seguras para el retorno y ejercicio profesional de operadores de justicia y personas abogadas que se encuentren en el exilio como consecuencia de actos de persecución o criminalización.
La Misión Internacional de Juristas por Guatemala reitera que la recuperación de la independencia judicial y del Ministerio Público constituye una condición indispensable para la vigencia del Estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la garantía efectiva de los derechos humanos en Guatemala.
