16 de febrero de 2022
El día 3 de febrero la abogada medioambientalista Verónica Guerrero fue asesinada en el centro de Tonalá (Jalisco). Según la información recibida, la abogada había recibido amenazas por la lucha contra varias empresas que utilizaban el basurero ilegal de Matatlán provocando daños medioambientales a los vecinos de la zona.
La abogada ambientalista Verónica Guerrero representaba al Colectivo de Vecinos Urbi Quinta, en la lucha legal contra varias empresas por la operación irregular del basurero de Matatlán. Desde finales del año 2021 la empresa Caabsa Eagle había sido señalada por el uso irregular de terrenos para desechar la basura en el vertedero Matatlán, cerrado desde hace más de 10 años.
La abogada y defensora de derechos humanos ambientalista encabezaba las protestas. En concreto, el pasado 12 de diciembre exigió públicamente a las autoridades que atendieran el problema, denunciando las condiciones en las que vivían los afectados por la operación irregular (1) . Se informa de que previo a su asesinato, Verónica había recibido varias amenazas algunas de ellas directas, por parte de recolectores de residuos que se oponían al cierre del vertedero, y que esas amenazas se intensificaron en las dos semanas anteriores a su muerte. Se cree que su asesinato está directamente relacionado con sus actividades legítimas como abogada medioambientalista.
El 9 de febrero, la Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que la investigación se centraba en las actividades de la Sra. Guerrero como abogada, descartando de hecho sus actividades como activista de los derechos humanos y del medio ambiente como posible causa de su asesinato
Basándose en la información recogida en este caso, la declaración del fiscal es insuficiente e inadecuada. La Sra. Guerrero compaginaba su trabajo como abogada con su labor como defensora de los derechos humanos en materia de medio ambiente, que estaba especialmente relacionada con su participación en el asunto del vertedero de Matatlán, por el que había sido amenazada.
En este sentido el Observatorio recuerda las exigencias de la reciente condena al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos humanos en el caso del asesinato de la abogada Digna Ochoa. En concreto, la obligación de elaborar «un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos, que tengan en cuenta los riesgos inherentes a su labor, que exija un examen exhaustivo de la posibilidad de que el ataque esté motivado o vinculado a la promoción de los derechos humanos de la víctima, con perspectiva de género y de etnia» (2).
El Observatorio condena el asesinato de Verónica Guerrero y se solidariza con los familiares y el entorno de la víctima.
El Observatorio pide a las autoridades mexicanas que garanticen una investigación efectiva, diligente y exhaustiva sobre la situación de la Sra. Guerrero.
El OIAD recuerda a las autoridades mexicanas que la independencia de la abogacía es uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados (1990):
«Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas» (Principio 16)
«Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.» (Principio 17)