EL SALVADOR: Comunicado conjunto al cumplirse un año de la detención arbitraria de Enrique Anaya
Un año después de la detención arbitraria del abogado Enrique Anaya, Lawyers for Lawyers (L4L) y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) continúan profundamente preocupados por la persistente privación de su libertad y las continuas violaciones de sus derechos fundamentales.
Enrique Anaya, abogado constitucionalista, fue detenido el 7 de junio de 2025 bajo acusaciones de lavado de activos. Su detención tuvo lugar poco después de expresar públicamente críticas sobre diversas medidas gubernamentales, entre ellas la concentración de funciones estatales en el Órgano Ejecutivo, el debilitamiento de la separación de poderes, la reducción de los espacios de participación democrática y la detención de la abogada Ruth Eleonora López.
Desde el inicio de su privación de libertad, Anaya ha permanecido en condiciones de detención incompatibles tanto con las garantías del debido proceso y el derecho a un juicio justo como con los estándares internacionales aplicables al trato digno de las personas privadas de libertad. Su detención se ha caracterizado por un régimen de aislamiento prolongado, restricciones al contacto con sus abogados y familiares, obstáculos para acceder al expediente judicial y a los elementos probatorios en su contra, así como limitaciones para conocer plenamente los hechos que se le imputan y preparar adecuadamente su defensa. Asimismo, su derecho a la salud se encuentra en riesgo, ya que padece una condición médica que requiere tratamiento especializado y no existe información pública suficiente sobre la atención médica que recibe durante su detención.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Enrique Anaya mediante la Resolución 67/2025, ordenando al Estado salvadoreño adoptar las medidas necesarias para proteger su vida, integridad personal y salud; garantizar el contacto regular con su familia y defensa legal; y revisar la continuidad de su detención preventiva conforme a los estándares internacionales aplicables, incluyendo la posibilidad de adoptar medidas alternativas. En su resolución, la CIDH tomó en cuenta tanto el contexto de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador como el perfil público de Enrique Anaya, quien, en su calidad de abogado constitucionalista, ha intervenido en debates sobre institucionalidad democrática y derechos humanos y ha sido etiquetado por un asesor presidencial como “el principal abogado de la oposición”.
Sin embargo, las medidas cautelares otorgadas por la CIDH no han sido implementadas de manera satisfactoria. A medida que el proceso penal se aproxima al cierre de la etapa de instrucción y se cumple un año de su detención, persisten serias preocupaciones respecto del respeto de sus derechos fundamentales. En particular, se le ha negado en la práctica la posibilidad de obtener una revisión efectiva de la medida de detención provisional para evaluar su sustitución por medidas menos gravosas.
La detención de Enrique Anaya resulta particularmente alarmante porque parece constituir una represalia por el ejercicio legítimo de la profesión jurídica y por el ejercicio de su libertad de expresión. Su caso se desarrolla en un contexto más amplio de deterioro del Estado de derecho y de restricciones a la capacidad de los abogados y abogadas para ejercer sus funciones profesionales de manera segura e independiente, especialmente aquellos que trabajan en derechos humanos, lucha contra la corrupción y litigio de interés público. Este entorno hostil socava directamente la independencia de la profesión jurídica y el derecho de acceso a la justicia de la población, al tiempo que genera un efecto amedrentador sobre quienes ejercen la abogacía en estos ámbitos.
El Salvador es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por tanto está obligado a garantizar los derechos a la libertad, la seguridad personal, el acceso a la justicia y el debido proceso. Asimismo, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, en particular los Principios 16, 18 y 23, establecen que los gobiernos deben garantizar que los abogados puedan desempeñar sus funciones profesionales sin intimidaciones, hostigamientos ni injerencias indebidas; que no sean identificados con las causas o personas a quienes representan; y que puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, incluyendo el derecho a participar en debates públicos sobre cuestiones relativas al derecho, la administración de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos.
Las organizaciones firmantes instamos urgentemente al Gobierno de El Salvador a:
- Implementar de manera inmediata y efectiva las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 67/2025, garantizando la protección de la vida, integridad personal y salud de Enrique Anaya.
- Revisar sin más demora la necesidad, legalidad y proporcionalidad de la medida de detención provisional impuesta a Enrique Anaya, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de la CIDH, considerando la aplicación de medidas cautelares menos restrictivas de la libertad.
- Garantizar un juicio justo con pleno respeto a las garantías judiciales, los derechos al debido proceso y sin demoras indebidas.
- Cesar todos los actos de acoso, intimidación y criminalización contra abogados por el ejercicio legítimo de su profesión o por el ejercicio de su libertad de expresión.
- Respetar y garantizar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, para que todos los abogados en El Salvador puedan ejercer sus actividades profesionales de manera independiente y sin temor a represalias.
Nuestras organizaciones continuarán monitoreando de cerca la situación de las y los abogados en El Salvador. Instamos a la comunidad internacional, incluyendo colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, a mantenerse vigilantes frente a la situación en El Salvador y a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar la protección de los profesionales del derecho en el país.
