EL SALVADOR: Hostigamiento policial contra el abogado y defensor de derechos humanos Luis Rivera

9 de noviembre de 2026

El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) y Lawyers for Lawyers (L4L) expresan su preocupación por los actos de hostigamiento policial contra el abogado salvadoreño Luis Rivera. El 5 de noviembre de 2026 se denunciaron actuaciones policiales en las inmediaciones de su domicilio, así como intentos de acceso no autorizado a sus cuentas personales[1]. Estos hechos generan preocupación por su seguridad y la de su familia, especialmente ante el contexto de vigilancia e intimidación contra profesionales de la abogacía en El Salvador.

Luis Rivera es abogado y forma parte del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT). Su actividad profesional se enfoca en la defensa técnica de personas perseguidas políticas, capturadas bajo el régimen de excepción, y defensoras de derechos humanos, con especial énfasis en la protección de los derechos laborales, sindicales y de la clase trabajadora criminalizada por su labor. Asimismo, el abogado es una de las pocas voces que continúa denunciando públicamente los obstáculos al libre ejercicio de la abogacía, la falta de independencia judicial y las violaciones de derechos fundamentales cometidas en el marco del régimen de excepción en El Salvador.

Los hechos denunciados contra Luis Rivera se inscriben en un contexto de acoso policial, vigilancia y seguimiento contra profesionales de la abogacía defensores de derechos humanos en El Salvador. Entre estos casos figuran los de la abogada Roxana Cardona y el abogado Guillermo García, que denunciaron actuaciones de hostigamiento y vigilancia policial.[2] [3]

La gravedad de estos hechos reside también en el riesgo de que los actos de vigilancia y hostigamiento policial deriven en detenciones arbitrarias, como ha sucedido en otros casos documentados en El Salvador. Así ocurrió con la abogada Ruth López y el abogado constitucionalista Enrique Anaya, cuyas detenciones estuvieron precedidas de actuaciones de vigilancia y hostigamiento. Ambos continúan detenidos y son objeto de procesos de criminalización por su labor.[4] [5]

Estas prácticas no solo ponen en riesgo la seguridad y la libertad de quienes las sufren, sino que también generan un efecto disuasorio sobre el conjunto de profesionales del derecho y personas defensoras de derechos humanos, pudiendo limitar el ejercicio independiente de la abogacía y favorecer la autocensura.

El OIAD y L4L recuerdan que los principios 16 y 23 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados establecen que los abogados deben poder ejercer sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos ni injerencias indebidas, y que tienen derecho a participar en debates públicos sobre cuestiones relativas a la justicia y los derechos humanos sin sufrir represalias por ello.

Ante esta situación, el OIAD y L4L instan a las autoridades salvadoreñas a:

  1. Investigar los hechos denunciados, de manera independiente, exhaustiva e imparcial, esclareciendo las circunstancias y la finalidad de la presencia policial en las inmediaciones del domicilio de Luis Rivera, así como los intentos de acceso no autorizado a sus cuentas personales.
  2. Garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Luis Rivera y de su familia, adoptando las medidas necesarias para prevenir nuevos actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación o posibles represalias.
  3. Garantizar el ejercicio libre e independiente de su profesión y de su labor de defensa de derechos humanos y laborales, absteniéndose de cualquier actuación que pueda constituir una represalia por su actividad profesional, sus denuncias públicas o su participación en organizaciones de defensa de los derechos de la clase trabajadora.

Las organizaciones firmantes permanecerán atentas a la evolución de la situación de Luis Rivera y recuerda que el ejercicio de la abogacía y la defensa de los derechos humanos deben desarrollarse sin intimidaciones ni represalias.

 

[1] Observatorio Regional de Derechos (ORD), comunicado sobre la denuncia de actos de hostigamiento contra el abogado Luis Rivera, 5 de noviembre de 2026

[2] Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), «El Salvador: la comunidad jurídica internacional exige garantías de protección para la abogada Roxana Cardona ante el hostigamiento policial reiterado», 23 de octubre de 2026.

[3] Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), «El Salvador: Preocupación por patrones de vigilancia, seguimiento e intimidación contra el abogado Guillermo García», 27 de julio de 2026

[4] Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), «El Salvador: La abogada defensora de derechos humanos Ruth López detenida por su labor anticorrupción», 22 de mayo de 2025

[5] Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), «El Salvador: Detención sin garantías y criminalización contra el abogado Enrique Anaya», 11 de agosto de 2025.

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