EL SALVADOR: la comunidad jurídica internacional exige garantías de protección para la abogada Roxana Cardona ante el hostigamiento policial reiterado
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por los reiterados actos de hostigamiento e intimidación denunciados por la abogada Roxana Cardona. Instamos a las autoridades salvadoreñas a investigar estos hechos, garantizar su seguridad e integridad física y psicológica y poner fin a cualquier represalia relacionada con su labor profesional y su participación en el debate público.
Roxana Cardona es abogada defensora de derechos humanos, fundadora, directora de la organización Justicia Social y Contraloría Ciudadana. Ha mantenido una participación activa en el debate público sobre las consecuencias jurídicas y sociales de la estrategia de seguridad gubernamental, cuestionando las restricciones a las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de las personas detenidas a contar con una defensa efectiva. En el marco de su labor, acompaña jurídicamente a personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción y denuncia públicamente las vulneraciones de derechos humanos. Entre sus actuaciones, destacan la presentación de dos recursos de inconstitucionalidad contra los decretos que regulan dicho régimen y contra la Ley de Minería, así como la interposición de recursos de hábeas corpus en favor de las víctimas.
Según la información recibida, dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron recientemente al domicilio de Roxana Cardona, solicitaron su Documento Único de Identidad (DUI), registraron sus datos y fotografiaron la vivienda, sin explicar claramente el motivo de la actuación. Tras denunciarlo públicamente, recibió un mensaje de un agente policial que le indicó que los altos mandos estaban molestos con ella. La abogada teme que estos hechos estén relacionados con sus publicaciones críticas sobre las autoridades. Asimismo, ha denunciado bloqueos e intentos de acceso no autorizado a sus cuentas en redes sociales.
Estos hechos se producen en un contexto en el que actuaciones de vigilancia y presencia policial han precedido a la detención de abogados/as y personas defensoras de derechos humanos en El Salvador. Así ocurrió en los casos de Ruth López[1], detenida en su domicilio el 18 de mayo de 2025, y Enrique Anaya[2], detenido el 7 de junio de 2025.
El hostigamiento contra Roxana Cardona se remonta a 2024, cuando denunció la presencia de agentes policiales en las inmediaciones de su domicilio. Posteriormente, fue objeto de una denuncia por violencia intrafamiliar que considera infundada, en cuyo contexto las autoridades habrían intentado llevarse a su hija. Ante la persistencia de los actos de acoso y el temor por su seguridad, en 2025 se vio obligada a abandonar temporalmente El Salvador. Tras su regreso, el hostigamiento se habría reanudado.
Esta situación se inscribe en un contexto de grave preocupación por las vulneraciones de derechos humanos y las restricciones a las garantías judiciales en El Salvador desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022. En este período se han documentado detenciones arbitrarias, obstáculos al ejercicio efectivo del derecho de defensa y actos de vigilancia, hostigamiento e intimidación contra abogados y personas defensoras de derechos humanos, especialmente contra quienes cuestionan públicamente la actuación de las autoridades[3]. Estos antecedentes agravan la preocupación por la seguridad de Roxana Cardona y por el riesgo de represalias vinculadas a su labor profesional y su participación en el debate público.
Las organizaciones firmantes alertamos sobre el riesgo de nuevas represalias contra la abogada Cardona, incluida una eventual detención arbitraria. Esta preocupación se ve agravada por su delicado estado de salud y por las dificultades que podrían surgir para garantizar una defensa técnica efectiva en caso de privación de libertad, en un contexto marcado por denuncias de incomunicación y restricciones al contacto de las personas detenidas con sus abogados y familiares.
Recordamos que los principios 16 y 23 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados establecen que estos deben poder ejercer su profesión sin intimidaciones, acoso ni injerencias indebidas, y expresarse libremente sobre cuestiones de justicia y derechos humanos sin sufrir represalias por ello.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes instamos a las autoridades salvadoreñas a:
- Investigar los hechos denunciados, de forma independiente, exhaustiva e imparcial, esclareciendo las razones de la reciente visita policial al domicilio de Roxana Cardona y de los episodios anteriores, así como la finalidad de la recopilación de sus datos personales y de las fotografías de su vivienda. Asimismo, instamos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a examinar los hechos y dar seguimiento al caso, en el marco de sus competencias.
- Garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Roxana Cardona y de su grupo familiar, adoptando las medidas necesarias para prevenir nuevos actos de intimidación, vigilancia ilegal o represalias.
- Garantizar el ejercicio libre e independiente de su profesión y de su labor de defensa de los derechos humanos, absteniéndose de cualquier actuación que pueda constituir una represalia por sus publicaciones, sus denuncias públicas o su acompañamiento jurídico a personas privadas de libertad. Cualquier eventual actuación penal deberá respetar plenamente las garantías del debido proceso y el derecho de defensa.
Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que inste a las autoridades salvadoreñas a garantizar la protección de Roxana Cardona, liberar a los abogados y abogadas detenidas arbitrariamente y poner fin a toda forma de intimidación y represalia contra quienes ejercen la abogacía de manera independiente y defienden los derechos humanos en El Salvador.
Organizaciones firmantes:
- Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD)
- Unión Progresista de Fiscales (UPF)
- International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
- World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
- Lawyers for Lawyers (L4L)
- Council of Bars and Law Societies of Europe (Conseil des Barreaux Européens, CCBE).
- Lawyers’ Rights Watch Canada
- Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE)
- Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia
- Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
- The International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
- Instituto para el Estado de Derecho de la Union Internationale des Avocats (UIA-IROL)
- Progressive Lawyers Association (ÇHD) Turkey
- European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH)
[1] Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), Ruth López: El Salvador: la abogada defensora de derechos humanos detenida por su labor anticorrupción, 22 de mayo de 2025; Instituto para el Estado de Derecho de la UIA (UIA-IROL), EL UIA-IROL exige la liberación inmediata de los abogados Ruth López y Enrique Anaya […], 24 de julio de 2026.
[2] Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), Enrique Anaya – El Salvador: Detención sin garantías y criminalización contra el abogado Enrique Anaya, 8 de junio de 2026; Instituto para el Estado de Derecho de la UIA (UIA-IROL), El UIA-IROL expresa su preocupación por la reciente detención del abogado Salvador Enrique Anaya Barraza ocurrida en El Salvador […], 23 de junio de 2025.
[3] Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), El Salvador: el OIAD participa en una misión de verificación de la situación de la abogacía en el país, 29 de julio de 2026; Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador, 28 de junio de 2024; Human Rights Watch, Informe Mundial 2026: El Salvador; Amnistía Internacional, El Salvador: «Seguridad» sin derechos: El impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador, 15 de julio de 2026.
