La comunidad jurídica internacional condena las sanciones estadounidenses contra la Corte Penal Internacional
Las organizaciones firmantes condenan firmemente las últimas sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Ministerio de Hacienda, contra la Corte Penal Internacional (CPI), anunciadas el 9 de octubre de 2026.
La CPI es una institución judicial independiente, un pilar de la justicia internacional y un elemento clave para la paz y la seguridad internacionales.
Compuesta por 125 Estados miembros de todo el mundo, la CPI opera al amparo del Estatuto de Roma de 1998 con el fin de investigar y, en su caso, juzgar a las personas acusadas de los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional, en particular los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. En el marco de este mandato, la CPI tiene como objetivo contribuir a la paz y la estabilidad mundiales garantizando la rendición de cuentas de los autores, promoviendo la justicia y disuadiendo de la comisión de futuras atrocidades.
Desde febrero de 2025, las sanciones estadounidenses se dirigen contra jueces, fiscales y miembros del personal de la CPI, así como contra una relatora especial de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil que colaboran con la Corte. Muchas de nuestras organizaciones, junto con otras organizaciones y Estados, han condenado estas medidas y han advertido sobre su impacto en la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de derecho. Las sanciones impuestas a la propia Corte el 9 de octubre de 2026 suponen una escalada significativa.
Las consecuencias van más allá de la Corte y de quienes trabajan en ella. Tal y como ha destacado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al referirse a la CPI como institución. Estas medidas podrían afectar al conjunto de sus actividades comprendidas en su mandato, y no solo a los procedimientos que han motivado la actuación de Estados Unidos. La CPI investiga actualmente 13 situaciones y mantiene en detención a siete personas. Las sanciones contra la Corte pueden obstaculizar la justicia al comprometer las investigaciones y los juicios, la protección de los testigos, los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación, así como la rendición de cuentas de los autores de los delitos más graves.
Instamos al Gobierno de Estados Unidos a que levante todas las sanciones impuestas contra la CPI y su personal, así como aquellas dirigidas contra la Relatora Especial de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil por su colaboración con la Corte, y a que se abstenga de adoptar cualquier medida que menoscabe la independencia de la administración de justicia.
Acogemos con satisfacción las declaraciones de algunos Estados parte del Estatuto de Roma en las que reafirman su apoyo a la independencia, la imparcialidad y la integridad de la CPI, y hacemos un llamamiento a todos los Estados parte para que utilicen todos los medios diplomáticos posibles con el fin de persuadir a Estados Unidos de que levante dichas sanciones y adopte medidas eficaces para proteger la independencia y la capacidad de funcionamiento de la Corte, así como para garantizar la seguridad de quienes colaboran con ella y la apoyan.
En un momento en el que el derecho internacional y sus instituciones se ven sometidos a presiones cada vez mayores, debemos mostrar nuestra solidaridad con las víctimas y con quienes reclaman justicia, defender la independencia de los tribunales y de los profesionales del derecho, y proteger a la CPI frente a las injerencias políticas, los ataques y las presiones. Nadie está por encima de la ley, y la lucha contra la impunidad pasa por preservar la independencia y la integridad de la Corte.
FIRMANTES:
Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales
Lawyers for Lawyers
Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI)
«Judges for Judges»
Lawyers’ Rights Watch Canada
Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales
Unione delle Camere Penali Italiane (Unión de Cámaras Penales Italianas)
Consejo del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales
Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE)
Colegio de Abogados de Escocia
Asociación de Abogados de la Commonwealth (CLA)
Consejo General de la Abogacía Española
Colegio de Abogados de Irlanda del Norte
Colegio de Abogados
Asociación Europea de Abogados Penalistas
Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD)
Colegio de Abogados de Irlanda del Norte
